Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
Mediante este Real Decreto-ley 15/2018, que entró en vigor el día 7 de octubre de 2018, se regulan varias medidas encaminadas a contrarrestar la subida del precio de la electricidad, por un lado, y a impulsar la transición energética, por el otro. Entre otras medidas, destacan: la ampliación del bono social eléctrico y la creación del bono social para calefacción (BST), medidas de protección de los consumidores, la eliminación del denominado impuesto al sol, el impulso del vehículo eléctrico y la reducción de la fiscalidad.
Ampliación del bono social eléctrico
El Real Decreto-ley amplía la cobertura del bono social eléctrico y crea un bono térmico, una ayuda directa para sufragar los gastos de calefacción. Además, en el plazo de seis meses, se presentará una Estrategia contra la Pobreza Energética. Prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años y a los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior.
Determina criterios de renta para que las familias monoparentales puedan acceder al bono social y se amplían en un 15% los límites de consumo de energía con derecho a descuento.
La norma también prórroga del 8 de octubre al 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al bono social antiguo.
Por último, eleva hasta 60 millones de euros la multa con la que pueden ser sancionadas las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social por imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes.
En paralelo a este bono, la norma crea el bono social térmico (BST), que se traduce en una ayuda económica para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen.
Medidas de protección para los consumidores
En el ámbito de protección al consumidor, la norma busca optimizar la contratación del suministro y reducir la factura eléctrica. A modo de ejemplo, se podrá contratar la potencia en múltiplos de 0,1 para ajustarla con exactitud a las necesidades de consumo. Se prohíbe a las comercializadoras eléctricas, y también las de gas natural, realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias -el denominado sistema "puerta a puerta" y se regulan los términos en los que las comercializadoras de energía eléctrica podrán acceder a los datos de consumo y potencia contratada.
Eliminación del ‘impuesto al sol’
El Gobierno ha decidido derogar el llamado impuesto al sol, que dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España. En consecuencia, se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos y queda, por tanto, derogado el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación. También se permite el autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores para favorecer las economías de escala.
Fiscalidad de los precios de la electricidad
El Real Decreto-ley, como medida de choque ante la subida del precio, suspende (que no deroga) durante seis meses el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012. Introduce además una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde.
Impulso al vehículo eléctrico
Uno de los capítulos de la norma se dedica al impulso de la movilidad sostenible. En particular, el Real Decreto-ley aborda uno de los factores que detrae a los usuarios de adquirir un vehículo enchufable: la baja disponibilidad de puntos de recarga públicos. Con el objeto de aumentar su presencia, el Gobierno elimina la figura del gestor de carga prevista en la Ley del Sector Eléctrico, pues, según el Ejecutivo, se ha revelado como excesivamente rígida y desincentivadora de la actividad.
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